Despiden a mujeres embarazadas en secretaria salud

Funcionarios son acusados de homicidio y otros ilícitos

RUBEN PAZ HURTADO

Servidores públicos del gobierno del D.F. dicen a la Revista la VERDAD que los conmueve profundamente la solidaridad que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón “El Chuky”, mantiene con nuestros connacionales más allá de nuestra frontera, E.U, por la ley antimigrantes de Arizona, en donde hace mención que dicha ley avergonzaría al mismo Abraham Lincon, pero omite decir y reconocer, lo que pasa en la Marcelópolis.

Nuestro Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla y el Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García; no solo se avergonzarían sino que se volverían a morir, ya que ellos lucharon y ofrendaron su vida por una igualdad y libertad, y al día de hoy lo que menos existe en esta ciudad, es igualdad y libertad y ponen como ejemplo, lo ocurrido el pasado 17 de mayo del presente año, cuando los trabajadores de la Secretaría de Salud del D.F. tuvieron que manifestarse ante la Fiscalía Centralizada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para denunciar la Discriminación de la cual están siendo objeto, e incluso homicidio culposo, de funcionarios sin escrúpulos.

Caso específico, en el Hospital General Enrique Cabrera, donde más de 17 trabajadores de diversas áreas están siendo despedidos de manera violenta, por haber pretendido hacer valer el derecho que la misma Constitución les otorga, que es la de demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para obtener su base, dado que todos y cada uno de ellos tienen más de 6 meses laborando de manera ininterrumpida.

Sin embargo, este derecho ha sido violentado desde el mes de marzo, ya que a partir de esa fecha, como primera acción opresora por parte del Lic. Julio César Hernández, Director Jurídico de la Secretaría de Salud del D.F. ordenó su despido, mismo que se aplicara a aquellos trabajadores que demandaron y al ver que no desistían de su derecho, a través de su grupo de choque comandado por la Lic. Hilda Mercedes Pérez Chablé encargada de la subdirección administrativa y el Lic. Aarón Mora Guadarrama enlace de Recursos Humanos, sin ningún miramiento, los dio de baja.

Como argumento esgrimieron que el motivo era el haber efectuado su demanda, ya que ellos no tenían ningún derecho a nada; razón por lo que a las 10:30 de la mañana las trabajadoras Gisell Moreno, Ángeles Vargas, Cristina Nava, Wendy Rodríguez , Ruth Morales, Doris García, Patricia Orozco, Patricia Morales, Guadalupe Maqueda, Josefina Centeno y Araceli Hernández, acompañadas de su Secretaria General del Comité Ejecutivo de la Secretaría de Salud, del Sindicato de Servidores Públicos de la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo General así como los apoderados legales del mencionado Sindicato, se presentaron ante ellos para preguntarles cuáles eran los motivos por el cual no se les había pagado y por qué se les negó la continuidad en su empleo.

Ante esto, el Lic. Aarón mencionó que fue por orden del jurídico y de manera verbal, sin tener un documento legal que los autorice, sin hacer uso de la violencia -como es costumbre por parte de otras organizaciones sindicales- optaron por retirarse pacíficamente de las oficinas de la Lic. Hilda, para dirigirse a la Fiscalía Centralizada para Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para levantar su denuncia ante el Agente del Ministerio Público capitalino, por haberse cometido actos constitutivos de delito contemplados en el Código Penal para el D.F. como es la discriminación y la coalición de servidores públicos, se iniciaron las averiguaciones previas FSP/B/T3/01019/10-05, FSP/B/T3/01020/10-05, FSP/B/T3/01022/10-05, FSP/B/T3/01024/10-05, FSP/B/T3/01021/10-05, FSP/B/T3/01023, FSP/B/T3/01025.

HOMICIDAS SIN CASTIGO

Ante esta arbitrariedad, se vieron obligados a reinstalar a la mayoría de los trabajadores, exceptuando el C. Arturo Estrada Rodríguez, que cubría una plaza de interino en el Centro Regulador de Urgencias, con una antigüedad de cinco años, pero el C. Ricardo Largo, Jefe de Unidad Departamental de Selección y Movimiento de personal y el Lic. Francisco Serna Cano, director de Recursos Humanos se han negado rotundamente a reubicarlo, argumentando que es una plaza de nueva creación y que es una disposición del jurídico.

No obstaste omiten reconocer que tiene el derecho a solicitar su aplicación definitiva, esta arbitrariedad y despido injustificado masivo a los funcionarios citados los convirtió en asesinos, ya que la C. Araceli Hernández Corona, una de las trabajadoras afectadas al momento de los hechos, cursaba un embarazo de siete meses, la joven mujer es el único sostén económico de su familia.

Pero los citados funcionarios, haciendo caso omiso a lo que el mismo jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en su discurso que pronunció el 10 de mayo, donde mencionó que la madres embarazadas y trabajadoras tenían protección y cobijo en su gobierno, pero actuaron al contrario, ya que por ordenes de los funcionarios citados fue acosada e intimidada en su domicilio, con el propósito de que desistiera de su derecho, alterándola a tal grado, que provocó que el día 19 de junio perdiera su bebé, el cual estaba a escasas semanas de nacer. Consideramos que fue un precio muy alto por defender su derecho a tener una seguridad para su familia.

Ante estas irregularidades LA VERDAD hizo contacto con la Lic. Bertha Gómez Castro, directora de Administración de la Secretaría de Salud del D.F., al Tel: 57-40-07-46, quien contestó al llamado fue su secretaria Guadalupe Mejía, quien dijo que le comunicaría a su jefa sobre lo redactado y el motivo por el cuál, aún cuando ella giró la indicación de que se reinstalara al personal afectado por lo de la demanda, el Lic. Serna y el Lic. Ricardo Largo, de movimiento de personal, se han rehusado ha hacerlo, argumentando nuevamente que son indicaciones de Lic. Julio Cesar "N", Director Jurídico de la dependencia, como ejemplo está el caso del C. Arturo Estrada Rodríguez, el cual trabajaba como interino en el Centro Regulador de Urgencias.

EN RECLUSORIOS TAMBIEN DESPIDEN A EMBARAZADAS

La señora Marcia María de Los Ángeles Lara Ávila, con siete meses de embarazo, ha sido ignorada por el Jefe de Custodios, Eduardo Viña Ávila Villa, quien la obliga a ejercer trabajos arduos y pesados en el penal de Santa Martha Acatitla, haciendo caso omiso del estado de salud de esa servidora pública.

La queja en contra de la Subsecretaria del Ramo, Celina Oseguera Parra, pese a tener conocimiento de estos y muchas otras irregularidades cometidas por los altos mandos penitenciarios, se presume que evidentemente está coludida con el crimen organizado, insertado en los penales.

Además ha dado pauta para que el autogobierno carcelario de la ciudad de México, haya rebasada a las propias autoridades, a fin de que el crimen organizado en las prisiones redoblen sus acciones para “controlar” a comandantes corruptos, los cuales han recibido sobornos de 100 mil pesos semanales para hacerse de la “vista gorda” en el procesamiento de drogas, distribución y su arbitraria venta en los penales.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), pidió a la Comisión de Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), atraiga esta gravísima anormalidad, toda vez que corresponde a las instancias gubernamentales retomen también el control del mismo.

En la víspera, el pleno de Donceles determinó al secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila Pérez, entregue un informe pormenorizado sobre cuál es el estado que guardan los Reclusorios de la ciudad de México, además de que los representantes populares realizarán en breve una visita guiada al Reclusorio Preventivo Norte, con el fin de constatar las medidas de protección civil. Sin embargo hasta la fecha, nada se ha hecho contra estos pésimos "servidores públicos".