¡OCULTAN A DIEGO!

Éxodo de empresarios y compañías por inseguridad, otro mal del país

Noticias de Mexico.- A dos meses, todo confirma que es una “venganza de la narcopolítica” ridículo de sus protegidos, Gómez Mont y Chávez Chávez, exigen su renuncia

Noticias de Mexico.- Mientras sus cercanos colaboradores y protegidos que se encuentran en puestos claves del gobierno Calderonista como el secretario de Gobernación y el titular de la PGR, Fernando Gómez Mont y Arturo Chávez Chávez, no se han movido un ápice para descubrir el paradero de quien los consideraba sus amigos, cada día crecen los rumores que se trató de un secuestro de Estado, por lo que si tuvieran vergüenza renunciarían, ya que de no ser cierta esta versión, se corroboraría su ineptitud e incapacidad, el primero  por no saber llevar las riendas de la política interna del país y el segundo por no procurar justicia ni a sus cercanos.

El próximo 14 de este mes, se cumplirán dos meses de su desaparición forzada, cuando por la noche arribara a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro y todavía no se tiene rastro alguno de su paradero.

Cada vez se oyen más huecas y retóricas las declaraciones de Gómez Mont quien envalentonado declaró que “los estamos esperando”, refiriéndose a los capos y sicarios de la narcopolítica.

Pues ahora, todo indica que le tomaron la palabra, sin embargo  hace mutis, lo mismo que Arturo Chávez, escudados en el pretexto de que la familia solicitó que no intervinieran, como si eso les impidiera investigar.

El priísta José Elías Romero Apis, quien ha sido siete veces subprocurador y también presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, declaró que es muy sospechosa la posición de indiferencia que ha asumido el gobierno Calderonista ante este secuestro político.

Por si fuera poco, los malosos se han atrevido hasta subir a la red la foto del Jefe Diego, quien luce con el torso desnudo y vendado de los ojos mostrando un periódico, además de un mensaje que hablaba de la intención de negociar.

La fotografía se distribuyó desde la dirección electrónica misteriosos.desaparecedores@yahoo.com" e incluía el siguiente mensaje:

"Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él.

"Asimismo, pide y ordena a su Junior exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que públicamente su familia ofrece por su liberación".

Lo más raro del asunto que la principal cadena de televisión abierta anunció que no difundirá más información hasta no tener noticias ciertas sobre el tema. Otros medios han seguido el ejemplo, más por dictamen del gobierno federal que por convencimiento.

Se  afirman que desde Los Pinos se orquestó un silencio cómplice. Parecen seguir directivas gubernamentales. Todo indica que al gobierno no le gusta que se informe a la gente, pero el Derecho a la Información está consagrado por la Carta Magna.

Y mientras algunos expresan que se están reuniendo 50 millones de dólares por su libertad, otros afirman que será un intercambio entre Ignacio “Nacho” Coronel, capturado días antes  de su desaparición entre los límites de Jalisco y Michoacán.

Pero también está la versión en donde se  vincula el arresto de la primera esposa de Guzmán y posterior liberación con este hecho.

Cabe mencionar que “El Chapo” aseguran, salió de la prisión de  alta seguridad de Puente Grande en Jalisco en enero de 2001, a cambio de una millonaria cantidad de dólares entregada a la misma ex primera dama, quien para los negocios se pintó sola y que sigue contando de su protección.

En cuanto a las hipótesis  del abogado y ex legislador del PRI José Elías Romero Apis  figura el secuestro común, la agresión directa, el secuestro político, el desafío político, un caso pasional, un acto de represión y una farsa política.

Lo preocupante recalcó, la actitud del gobierno ante el tema. “O el gobierno sabe todo y no dice nada. O el gobierno no sabe nada”. Ninguna de las dos conclusiones resultan gratas. “Si el gobierno mexicano no sabe lo que está pasando y está caminando a ciegas o dando palos de ciego, la situación es más que grave”, agregó.

La desaparición o secuestro de Fernández de Cevallos representa con todo lo que conlleva el caso un verdadero desafío para el gobierno de Felipe Calderón, y si resultara que se trata del crimen organizado ya nadie puede estar seguro.

Los perpetradores del plagio sabían bien lo que hacían. Dieron un golpe mediático y con ello maniataron a los dos brazos políticos-legales (Gómez Mont y Chávez Chávez), del presente régimen.

Como si alguien desde Los Pinos hubiera ordenado que dichas imposiciones del “Jefe Diego” en el gabinete presidencial, fueran anuladas.

El secuestro se compara  por su importancia con el del ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, que  por fortuna fue puramente económico, ya que ocurrió cuando estaba casi retirado de la política. Es el plagio de más alto perfil, salvo el del Jefe Diego, que se tenga memoria en las últimas décadas en relación a la política.

Romero Apis dijo que no podría descartarse que se trate de un “montaje” y en realidad sería un autosecuestro. ¿Con qué fines? Podría ser para que Calderón mejorara su imagen y terminara su sexenio cubierto de gloria mientras que Fernández de Cevallos podría arribar triunfante, a lomo de caballo, a la residencia oficial de Los Pinos en 2012.

Como se sabe, el Ejército Popular Revolucionario (EPR),  ya se deslindó del caso, pero eso no quiere decir que otros grupos que se forjaron en su seno y se han desprendido para actuar por su cuenta no lo hayan hecho.

Con lógica aristotélica, el jurista y amigo de Diego dice que sólo hay una alternativa como punto de partida: una es que el Gobierno sabe por qué lo secuestraron y quiénes lo tienen, pero considera que no es el momento de reconocerlo en público, lo que es preocupante.

La otra es que el Gobierno no sabe nada, no tiene idea de quién retiene a Diego ni sabe lo que pretenden, lo que es grave y desalentador.

Romero menciona como posibles causas del secuestro  las razones económicas, el secuestro político, la venganza, el utilizarlo como chantaje para obligar al Gobierno a hacer algo, a soltar a alguien, el cancelar extradiciones.

 GRUPO PODEROSOS

Las revelaciones del  ex-senador panista Fauzi Hamdan, quien  declaró que un grupo de poder muy poderoso está detrás del secuestro de Diego Fernández de Cevallos, parecen coincidir con la de la Vox populi, que siempre es sabia.

Hamdan declaró que el que tiene secuestrado a Diego "es un grupo de poder muy importante, se ve claramente por todas sus acciones externas y señales, de un gran poderío, de una gran organización, de grandes recursos, no sé si haya algún contenido ideológico en este grupo, pero podría haberlo".

"Tenemos la certeza de que está vivo, en buen estado de salud", aseguró Hamdan , hace ya cinco semanas, para luego señalar que el secuestro de Fernández de Cevallos no tiene un fin primordialmente económico, por lo cual se inclina a pensar que en realidad tiene fines ideológicos.

Al respecto Nadín Reyes Maldonado hija del eperrista desaparecido en Oaxaca, Edmundo Reyes Amaya, señaló que el levantón del panista Diego Fernández de Cevallos pudo ser planeado y efectuado por el Estado Mexicano.

En tanto el dirigente nacional del PAN, César Nava, aseguró que no hay informes de que Diego Fernández de Cevallos esté muerto, y evitó calificar como secuestro lo sucedido al panista, pues explicó que los informes que tiene el blanquiazul son que el Jefe está desaparecido.

“No hay ningún elemento, no existe ningún elemento que nos haga concluir o suponer que haya sido privado de su vida. Toda la información hasta ahora emitida por la autoridad, y con la que estamos en comunicación constante, es que se encuentra desaparecido, nada más”, estableció.

Sin embargo, para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el también blanquiazul Gustavo Madero Muñoz, advirtió que actos como “el secuestro del destacado político” no detendrán la lucha frontal que mantiene el gobierno del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado.

En tanto, Santiago Creel, ex precandidato presidencial y senador del PAN,  pidió evitar especulaciones sobre lo sucedió a Fernández de Cevallos “por tratarse de una situación delicada para el partido y delicada para el país”.

Por separado, cada uno de los panistas condenó lo sucedido a su ex candidato presidencial en 1994 y se solidarizaron con la familia Fernández de Cevallos.

El líder de los senadores panistas, Gustavo Madero, condenó cualquier expresión que intente violentar la vida democrática de México, y reconoció en Fernández de Cevallos a “un político ejemplar, para la vida democrática de México y, en particular, para el Partido Acción Nacional”.

A su vez, César Nava, con quien Fernández de Cevallos mantiene distanciamiento, y se podría decir que tanto Gómez Mont como Chávez Chávez le llevan la contra, sobre todo a raíz de la alianza con el PRD, aseguró que el PAN está en permanente contacto con las autoridades federales y estatales para conocer los avances de la investigación respecto a la desaparición del llamado Jefe. Nada más falso, ya que el “padrino” de sus enemigos políticos dentro del régimen hasta el momento están  hasta cierto punto anulados y si tuvieran dignidad, mejor deberían de renunciar, es lo que se escucha en el CEN blanquiazul.

“Confiamos y hacemos nuestros votos, nuestras oraciones, nuestros deseos para que Diego aparezca pronto, sano y salvo, para que esté de regreso con nosotros”.

“Confiamos en las autoridades a cargo de las investigaciones y en este momento sólo tenemos pensamientos para él y para su familia, esperando el mejor desenlace de estos hechos”, indicó ante la opinión pública.

El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, condenó la desaparición del ex senador panista, Diego Fernández de Cevallos.

En un comunicado emitido por la oficina de Comunicación Social del Gobierno del estado, se expresa que: "En relación con la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lamentó y condenó enérgicamente ese hecho e hizo votos por la pronta aparición, sano y salvo, del político queretano.

"En comunicación con familiares de Fernández de Cevallos el gobernador mexiquense expresó su solidaridad y ofreció, tanto a la propia familia como a las autoridades que investigan el caso, toda la colaboración que pudiera ser requerida del gobierno del Estado de México".

ÉXODO EMPRESARIAL

En este contexto, como consecuencia del clima de violencia que vive en país y que no se contuvo ni siquiera durante la pasada contienda electoral, cientos de ejecutivos de alto nivel, lo mismo que empresas  tanto nacionales como extranjeras emigraron hacia países más seguros.

En tanto el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna y el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, siguen disfrutando de los multimillonarios beneficios de sus cargos, escudados en la complacencia presidencial.

Felipe Calderón, en declaraciones afirma que se está combatiendo a “sangre y fuego” la delincuencia organizada, pero en los hechos se le tolera y hasta protege. ¿a dónde quedó la millonaria Plataforma México? Utilizada para realizar investigaciones de alto nivel. Solo ellos saben, o más bien, sólo la utilizan con fines políticos donde salieron a flote grabaciones de gobernadores previo a las elecciones pasadas como las de Fidel Herrera Beltrán.

Lo anterior ya motivo que a lo largo de este sexenio empresarios nacionales y extranjeros redujeran sus proyectos de inversión, en especial en entidades del norte del país, de acuerdo con datos de la Cámara Americana de Comercio e incluso muchas están emigrando, junto con altos directivos, pues no quieren estar en medio de una guerra fraticida.

 Paralelamente al cumplirse prácticamente dos meses de la desaparición forzada del “Jefe Diego” Fernández de Cevallos, la emigración empresarial se elevó a niveles insospechados.

Conforme a informes de dicha cámara, hasta  hace algunos años la principal preocupación de las compañías asentadas en México era el robo de mercancía, pero ahora quedó desplazada por los secuestros y las extorsiones, sostiene en el documento 'El impacto en la seguridad empresarial'.

De acuerdo los resultados del estudio, levantado entre noviembre de 2009 y enero de este año, la mayor inseguridad se percibe en la frontera norte, aunque se desplaza hacia las costas e incluso al centro del país.

Así, 34 por ciento de los encuestados (empresas de las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara) apreció un nivel menor de seguridad que en 2008, un porcentaje igual dijo que es similar, y 32 por ciento que la seguridad es mayor que en aquel año.

Entre las consecuencias que resiente el empresariado está el cobro de los "derechos de piso" por parte del crimen organizado, lo que provoca el cierre de empresas y negocios en ciudades como Reynosa, Tampico, Ciudad Juárez, Matamoros y Morelia, Zacatecas, Veracruz, Tapachula, etc.

Asimismo tanto en el estado de México como en el Distrito Federal este fenómeno también  va en aumento, lo que nunca había ocurrido debido a la complejidad de este cobro motivado por el gran número de cuerpos policíacos que existen.

CIERRAN  NEGOCIOS

Tan sólo en los últimos dos años estos problemas han provocado, por ejemplo, el cierre de hasta 20 por ciento de los restaurantes en todo el país, lo que representa alrededor de 69 mil establecimientos.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), explican que la inseguridad en las calles ha provocado una caída promedio de 30 por ciento en los ingresos de las empresas del sector, aunque en ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez alcanza 60 por ciento.

Para el sector manufacturero los resultados de la violencia se reflejan en un freno a las inversiones para las industrias maquiladora y manufacturera, explica el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora u Manufacturera de Exportación.

La presidenta del organismo, Mónica González García, informó que en mayo pasado empresas paralizaron mil 500 millones de dólares a invertir en cinco años, por falta de certidumbre.

Tan sólo en Ciudad Juárez, en los últimos 27 meses se perdieron al menos mil 590 millones de pesos de la derrama que genera la industria maquiladora, principal empleadora, ocasionando la pérdida de 70 mil empleos entre 2007 y 2009.

OPACIDAD DE CIFRAS

Aunado a lo anterior, en México “no existen cifras oficiales confiables sobre la incidencia del secuestro” e incluso las 32 procuradurías del país, ofrecen “datos diferentes” al Sistema Nacional de Seguridad Pública; eso es inconcebible porque ese ilícito es el más grave y ha detonado las crisis de inseguridad, dijo Luis de la Barreda Solórzano, presidente del ICESI.

Pese a todos los inconvenientes a los que se enfrentó el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), realizó la “Evaluación del Desempeño en el Combate contra el Delito de Secuestro 2007-2009”, en la cual destacó que Querétaro y Yucatán -en el 2007 y el 2008- y Campeche en el 2008)“no tuvieron una sola denuncia por secuestro, lo que resultó excepcional”.

Pero a la inversa, los estados con mayor incidencia en el 2008 fueron Baja California con 115 secuestros, que representó una tasa de cuatro por cada 100,000 habitantes. Mayores cantidades, pero menos tasas se observaron en el Distrito Federal con 139, equivalente a dos por cada 100,000 habitantes, y el Estado de México con 136; es decir, uno por cada 100,000 habitantes.

 Apuntó que “el ICESI solicitó a todas las procuradurías de justicia del país datos relativos a la incidencia del secuestro, presuntos secuestradores detenidos y consignados, víctimas liberadas por las autoridades, víctimas mutiladas o asesinadas, pagos de rescates, consignaciones, procesos y sentencias”.

Para esta investigación, recalcó, se “tuvo que enfrentar varios obstáculos, el mayor de ellos la resistencia de múltiples procuradurías a darnos información”. Ante estos vacíos, se utilizaron los reportes al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), resaltó el Presidente del ICESI.

Luis de la Barreda dijo que ninguna Procuraduría les ha proporcionado información completa y estructurada sobre los tres periodos anuales que comprende el análisis 2007, 2008 y 2009.

Sin embargo, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán “colaboraron con toda la información que pudieron estructurar”, afirmó.

Colima, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Puebla, “de plano se negaron a proporcionar la información”. Por su parte, Baja California, Coahuila, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas “prometieron entregarla pero no lo han hecho”, mencionó De la Barreda.

Mientras que Chiapas, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, “la proporcionaron (información), pero bastante incompleta”.

DOS MESES SIN “JEFE DIEGO”

Así al cumplirse esta semana dos meses de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos “El Jefe”, persiste el clima y la sensación de ingobernabilidad

Para diversos analistas tanto políticos como económicos, no es un asunto de policías y ladrones, como suele enfocar el gobierno federal todos los fenómenos en México. El asunto es de cómo perciben la sociedad los fenómenos que inciden sobre la vida política y económica.

Aunado a lo anterior, esta la reacción política en Los Pinos es la clara marca de la casa: alejada de la realidad nacional,  que no observa el caso de “El Jefe” Diego como un asunto de Estado.

La desaparición de Fernández de Cevallos  para estos estudiosos, tendría que haber sido considerado por el gobierno, no sólo en palabras sino en actitud, como un caso de alto impacto  ya que se trata de un ex candidato presidencial y con todos los nexos con los principales círculos del poder,  por lo que tendría que ser analizado en ese contexto.

Su gran influencia en el PAN, donde incluso el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, el procurador Arturo Chávez, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, entre otros, le deben sus carreras políticas, amen de que también es muy cercano tanto a Vicente Fox como a Carlos Salinas, al grado que durante su sexenio se le puso el mote de La Ardilla, porque no salía de Los Pinos.

LEGISLACIÓN ENTRAMPADA

La Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño (PRI) no legislará al vapor la minuta del Senado en materia de secuestro, afirmó el diputado Josué Valdés Huezo, encargado de redactar el dictamen correspondiente.

“Más que cosa de urgencia o legislar al vapor, la opinión que se ha vertido al interior del grupo es revisar el articulado a fondo para sacar una buena ley, la que más convenga a la sociedad. El criterio de rapidez lo hemos sustituido por el de efectividad y eficacia”, subrayó el diputado del PRI.

En este sentido, Valdés Huezo destacó que a la fecha se han recibido 40 observaciones por parte de los diputados Ardelio Vargas Fosado, Carolina Viggiano Austria, Alfonso Navarrete Prida y Arturo Zamora, del PRI; Carlos Pérez Cuevas y Sonia Mendoza Díaz, del PAN; Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del PRD; Rodrigo Pérez Alonso y Eduardo Ledesma Romo, del PVEM y Pedro Vázquez González, del PT, integrantes del órgano legislativo.

En entrevista, Valdés Huezo refirió que muchas de las observaciones giran en torno a especificar los tipos de secuestro y sus penas; hacer más congruentes las sanciones para no incurrir en la inconstitucionalidad o en la impunidad, en su caso y evitar duplicidades.

“La cuestión de la competencia sigue siendo una inquietud de los diputados. Piden que se precise qué le corresponderá a la Federación y qué a las entidades. Está de igual forma el tema del fondo antisecuestro, sobre todo para precisar cómo se integrará, con qué recursos si federales o de la extinción de dominio y a quiénes va a beneficiar”, concluyó.

Entre las observaciones, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares (PRD) propuso que en la Ley antisecuestro se establezca que las unidades especiales que investigarán este tipo de delitos se integren con policías certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, hizo hincapié en que además de reparar el daño al ofendido o a la víctima, se haga a la comunidad donde se cometió el delito. Otra propuesta es incorporar la no sanción penal a quienes tengan amistad cercana con el secuestrador o funjan como sus defensores.

Consideró que se debe modificar el artículo 19 de la minuta y establecer que ningún secuestrador tenga la oportunidad de recibir el indulto o la amnistía.

También sugirió, como algo fundamental, que el fondo para las víctimas de secuestro no esté financiado con recursos públicos sino con aquellos que provengan de la extinción de dominio, es decir “que sean recursos que provengan de los propios secuestradores y que sirvan para reparar el daño”.

FONDO PARA VÍCTIMAS

A su vez, en su pliego de observaciones, el diputado del PT, Pedro Vázquez González respaldó la propuesta perredista de que sean unidades especiales las que investiguen mismas que estén certificadas. Agregó que de operar el apoyo a víctimas de secuestro como se prevé en la minuta, tendría que hacerse también a aquellos delitos que se establecen en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida observó que en la minuta enviada por el Senado falta claridad en la competencia de las autoridades para la persecución del delito.

“No precisa si el secuestro va a ser perseguido por el Ministerio Público Federal en todos los casos, como parte de la delincuencia organizada, la cual se establece en la Constitución ni tampoco qué le corresponderá a las entidades federativas”.

Otro asunto, añadió, es clarificar la gradualidad de las penalidades. Un asunto más es la imprescriptibilidad del delito de secuestro a diferencia del homicidio, cuando el máximo valor jurídico que protege el derecho mexicano es la vida.

Planteó establecer una definición legal de lo que es el secuestro. “El secuestro no es el que priva de la libertad a otro, sino la privación ilegal de una persona, además de que no son varios secuestros, sino varias conductas; el error viene desde la Constitución”.

Por su parte, la diputada Carolina Viggiano Austria (PRI) señaló que cualquier implementación de tecnología y algunos elementos electrónicos de localización y vigilancia de delincuentes, como se sugiere en la minuta, implica un impacto y costo presupuestal, por lo que sugirió contar con un estudio previo a la discusión del Presupuesto de 2011.

“La propuesta es girar un oficio al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a efecto de poder tener la opinión técnica respecto de los recursos que se requieren para la implementación de esta nueva tecnología”, indicó en sus observaciones.

En tanto, el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del PAN, pidió definir si la Ley antisecuestro “es general o reglamentaria”, así como especificar las competencias tanto de la Federación como de los estados y municipios en la persecución del delito.

Coincidió en que se debe dejar claro el asunto de la imprescriptibilidad del delito de secuestro, al igual que las penalidades.

“Un punto importante es el de las penalidades. Como se establecen en la minuta se vuelven desproporcionadas, ya que sanciona más gravemente al secuestro, hasta con 90 años de cárcel, en comparación con el delito de homicidio, que castiga al autor con una máxima de 70 años”.

Planteó finalmente, evitar la duplicidad en la tipificación de las conductas en los diferentes tipos penales, así como revisar el tema del fondo de atención a víctimas del secuestro, sobre todo, en cuanto de dónde provendrían los recursos, si de la Federación o de los bienes incautados al crimen organizado.

El diputado Josué Valdés Huezo señaló que por acuerdo de la Comisión, el próximo 22 de junio se cierra el plazo para recibir las observaciones por escrito, a fin de que sean incorporadas al dictamen final, toda vez que, afirmó, “no se puede hacer perpetua la recepción de las mismas, pese a que existe mucha inquietud de los legisladores por aspectos que no fueron considerados por la colegisladora”.

Lo que es un hecho, dijo, es que la minuta enviada por el senado será modificada por la Comisión de Justicia de forma sustancial, “tanto de fondo como de forma”.

También sugirió, como algo fundamental, que el fondo para las víctimas de secuestro no esté financiado con recursos públicos sino con aquellos que provengan de la extinción de dominio, es decir “que sean recursos que provengan de los propios secuestradores y que sirvan para reparar el daño”.

 “No hay ningún elemento que nos haga concluir o suponer que Diego Fernández de Cevallos haya sido privado de su vida o que esté muerto”.

César Nava

Dirigente nacional del PAN

“Hay que evitar especulaciones sobre lo sucedió a Fernández de Cevallos, por tratarse de una situación delicada para el partido y delicada para el país”.

Santiago Creel

Senador del PAN

“Condenamos enérgicamente ese hecho y hacemos votos por la pronta aparición, sano y salvo, del político queretano”

Enrique Peña Nieto

Gobernador

PÉRDIDAS POR SECUESTROS

20 % de los restaurantes en el país han cerrado por secuestros en últimos dos años.

69 mil establecimientos cerrados en total.

30 % en la caída de los ingresos ha afectado a la Canirac.

1, 500 mdd para inversión fueron paralizados por incertidumbre.

1, 590 mdp se perdieron en maquiladoras en últimos 27 meses.

70 mil empleos entre 2007 y 2009 se han perdido.

Por Ariel Velázquez y Rubén Paz Hurtado